Una solicitud de pena de 18 años de prisión fue presentada por el fiscal de Cámara, José Oliveros Icazatti, contra un individuo acusado de cometer graves delitos de violencia física y violencia sexual en contra de su expareja y una menor de edad. Este caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad debido a la naturaleza de los delitos, que incluyen abuso sexual y lesiones leves, bajo el contexto de violencia de género.
El fiscal argumentó que el acusado perpetró agresiones físicas y amenazas en un contexto de violencia intrafamiliar. Además, se determinó que había sometido a abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Estas acciones son un claro reflejo de la necesidad urgente de abordar la violencia de género y sus devastadoras consecuencias.
En función de la gravedad de los hechos y la acumulación de ataques, se considera la culpabilidad del acusado como totalmente probada. La solicitud de pena también incluye la declaración formal del caso como violencia contra la mujer, conforme a las leyes vigentes. El tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, es clave para asegurar justicia en un entorno donde la violencia de género permanece como un desafío crítico.