La nueva ley aprobada por la Legislatura provincial de La Rioja suspende las ejecuciones prendarias durante un período de 180 días. Esta medida, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela y la diputada Lourdes Ortiz, busca ofrecer un alivio a las familias en situaciones económicas complicadas, permitiéndoles negociar con sus acreedores para evitar la pérdida de bienes.
La iniciativa responde al creciente endeudamiento de los hogares riojanos, que ha alcanzado niveles alarmantes. Ortiz, autora de la ley, aclaró que la normativa no se trata de un plan de desendeudamiento, sino de un espacio temporal para que los deudores puedan llegar a acuerdos con sus acreedores sin modificar las deudas existentes. “Esto no es para desendeudamiento, sino para posibilitar un tiempo para que los deudores puedan tener un espacio de negociación y acuerdo”, afirmó.
La legisladora también destacó el incremento del crédito informal y a través de plataformas digitales, indicando que se requieren regulaciones específicas para abordar estas situaciones. La ley tiene como objetivo principal que las familias no se queden sin sus bienes mientras buscan una solución a sus problemas financieros, en un contexto donde el endeudamiento se ha vuelto necesario para cubrir necesidades básicas.