La reciente declaración de Emergencia Ígnea por parte del Gobierno nacional ha suscitado críticas entre sectores de la oposición, quienes afirman que no se asignarán fondos adicionales a las provincias afectadas por los incendios en la región patagónica. Según estos representantes, la medida podría estar destinada a conseguir apoyos legislativos para otros proyectos del Ejecutivo.
El decreto, formalizado a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), amplía la declaración de emergencia y la condición de “zona de desastre” en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Su objetivo es facilitar la logística y la asistencia inmediata para abordar los incendios que han devastado áreas de bosques nativos y amenazan a comunidades locales.
La oposición parlamentaria, incluyendo a diputados de Unión por la Patria, ha manifestado que el decreto no incluye financiamiento concreto para la recuperación de bosques ni para el apoyo a sectores productivos. El diputado José Glinski criticó la falta de respuestas concretas y advirtió que la emergencia se usa como un instrumento de negociación política, sugiriendo que los recursos y la asistencia deberían tener prioridad sobre el intercambio político.
Además, se han presentado solicitudes para que el Gobierno proporcione detalles sobre la asignación de recursos, los criterios utilizados y la financiación, en medio de la incertidumbre sobre el impacto presupuestario de la medida y sus efectos en las regiones más afectadas por los incendios.