El conflicto por el financiamiento universitario en Argentina se intensifica a medida que el Gobierno Nacional busca cumplir con un fallo judicial que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Se ha planteado la posibilidad de convocar a rectores y autoridades universitarias a principios de mayo para intentar alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
En febrero, se discutió un principio de acuerdo que preveía un reajuste salarial del 12,3% para docentes y no docentes, pero no prosperó debido a demoras legislativas. Se ha señalado a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como responsable de la situación, aunque su entorno desmiente esta acusación. Un representante del bloque libertario expresó la urgencia de ajustar las finanzas para evitar problemas de pago.
La administración también ha presentado un recurso extraordinario ante la Procuración del Tesoro, mientras la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, complicando aún más la situación. A pesar de que los votos necesarios para avanzar estaban presentes, las autoridades universitarias están organizando una movilización para principios de mayo, preocupadas por la falta de compensación por puntos salariales perdidos y la ausencia de proyecciones para el año 2026.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió recientemente con el ministro de Economía y la secretaria de Legal y Técnica para coordinar la estrategia legal frente a esta creciente presión por una resolución.