El Tribunal de Cuentas de La Rioja ha puesto en marcha una nueva ley orgánica, la N° 10.853, que se encuentra en vigencia desde el 1° de abril. Esta legislación sustituye a la ley 4828, que había regulado al organismo durante más de cuatro décadas. Según su presidente, Jorge Menem, la reforma busca modernizar y adaptarse a las nuevas exigencias del control público.
La normativa, creada con la colaboración de diferentes áreas del Tribunal, tiene como objetivo principal la transformación digital. El primer eje de la ley se centra en otorgar validez jurídica a los procesos digitales, incorporando aspectos como la firma digital y las notificaciones electrónicas. Menem enfatizó que esta modernización incluye herramientas avanzadas, como la inteligencia artificial, lo que garantiza un respaldo digital permanente de los datos.
Además, el segundo eje introduce un control integral y concomitante del gasto público, permitiendo al Tribunal intervenir de manera más efectiva en la detección de irregularidades. Este cambio representa una evolución en la forma en que se controla el uso de los recursos públicos, superando las limitaciones de los procedimientos anteriores.