El Gobierno Nacional anunció su intención de apelar un fallo judicial que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral, tras una medida cautelar presentada por la CGT. Esta decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda, quien consideró que podrían existir derechos constitucionales en conflicto con la normativa.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se reafirmó el compromiso con la ley, que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Se destacó que esta reforma es crucial para fomentar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad en un contexto económico complicado.
La CGT sostiene que la reforma podría afectar derechos fundamentales de los trabajadores, lo que llevó a la presentación de la cautelar. La situación genera un intenso debate político y social, con el Gobierno argumentando que la ley es necesaria para adaptar el marco laboral a las realidades del mercado.
La resolución judicial afecta a la Ley 27.802, promulgada el 6 de marzo, y su desenlace podría tener repercusiones significativas en la economía argentina. Se anticipa un seguimiento cercano por parte de diversos actores sociales y económicos mientras el Gobierno formaliza su apelación.