Raúl Brizuela, referente de la Pastoral Social de La Rioja, expresó su fuerte oposición a la reciente aprobación de una ley que reduce la edad de imputabilidad en Argentina. Brizuela criticó el enfoque punitivo de la normativa, señalando que esta medida implica un desfinanciamiento de áreas críticas destinadas a la contención de menores en situaciones vulnerables.
El representante de la Iglesia alertó sobre el contexto socioeconómico que rodea la implementación de esta ley, destacando que el ajuste en las políticas públicas de cuidado afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos. "Pobreza no es sinónimo de delincuencia", afirmó, al tiempo que advirtió que la legislación limitará aún más las oportunidades para estos grupos.
Brizuela también cuestionó la falta de evidencia que respalde que un endurecimiento de penas para menores contribuya a mejorar la seguridad. Según él, el debate ha fallado al no incluir a los actores sociales y al ignorar las causas profundas del problema. "Se hace una ley resignándonos", concluyó, insistiendo en que la respuesta del Estado debería centrarse en la prevención y el apoyo social, en lugar del encierro.