El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 determinó el archivo definitivo de la causa por supuesta sedición contra el gobernador Ricardo Quintela y la senadora Florencia López. Esta resolución, emitida el 27 de marzo de 2026, se basa en el dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo, quien concluyó que las declaraciones de los dirigentes no constituyen delito y se enmarcan en el debate político.
Quintela expresó su satisfacción con el fallo, asegurando que las acusaciones en su contra eran «absolutamente desproporcionadas». El gobernador resaltó que la decisión judicial evidencia un intento por parte de ciertos sectores de utilizar la justicia para silenciar voces críticas y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión en una democracia.
Este caso ha generado un análisis profundo en el ámbito político y jurídico, donde se considera que la resolución refuerza la libertad de expresión y el derecho a la crítica en la esfera pública. Las repercusiones de este fallo son observadas atentamente por la comunidad política y social, ya que podría influir en futuras denuncias similares y en la relación entre la política y la justicia en el país.