El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, bajo la dirección del juez Martín Cormick, ha declarado la inconstitucionalidad del decreto que obstaculizaba la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión se produce tras un amparo colectivo interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en respuesta al Decreto 759/2025 emitido por el Ejecutivo.
Cormick ha instado al Gobierno a cumplir de manera inmediata con la ley, lo que requiere la creación de normas reglamentarias para su implementación. El Ejecutivo había intentado frenar esta normativa mediante un veto, el cual fue rechazado por el Congreso, lo que llevó a la emisión del decreto que condicionaba el financiamiento universitario a la definición de fuentes específicas en el presupuesto.
El juez argumentó que el decreto no cumple con un test de razonabilidad, permitiendo la inaplicación de la ley vigente. Esta resolución no solo afecta el financiamiento de las universidades, sino que también podría establecer un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el sector educativo. Las universidades y el Consejo Interuniversitario han celebrado el fallo, considerándolo un avance en la defensa del derecho a una educación de calidad y la mejora salarial de los docentes y no docentes.