El Gobierno nacional planea apelar la decisión del juez federal Martín Cormick, quien ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una cláusula del decreto de Javier Milei. Esta cláusula condicionaba la ejecución de la ley, generando un conflicto en la financiación de las universidades.
Fuentes de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, indicaron que el recurso será presentado en los próximos días, mientras evalúan otros mecanismos legales para evitar los gastos que implica cumplir con la norma. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también descartó cualquier negociación con las universidades.
El magistrado Cormick falló a favor de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, anulando el artículo del decreto que exigía identificar las fuentes de financiamiento. Esta decisión se enmarca en una disputa que ha tenido antecedentes judiciales, y la discusión sobre el presupuesto universitario se trasladará al Congreso.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla asignar $7,3 billones para las universidades, aunque los rectores exigen cerca de $11 billones. En junio, se firmó un acuerdo que incluyó un aumento salarial del 24,33% y un incremento del 20% en gastos de funcionamiento.