La reciente decisión del Gobierno argentino de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos ha generado un amplio debate en el ámbito político. La medida, que incluye la realización del ejercicio combinado denominado “Daga Atlántica” y del operativo naval “PASSEX”, involucra personal y equipamiento militar en distintos puntos estratégicos del territorio argentino y en la Zona Económica Exclusiva del Atlántico Sur.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el operativo “Daga Atlántica” se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026, con la participación de tropas argentinas y estadounidenses en escenarios terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. Las actividades se concentrarán en tres puntos clave: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina en Moreno.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que estos entrenamientos tienen como objetivo reforzar la interoperabilidad entre ambas fuerzas, mejorar procedimientos conjuntos y elevar la capacidad operativa frente a eventuales misiones multinacionales. Esta iniciativa se alinea con el contexto actual en el que el Gobierno argentino busca fortalecer la cooperación internacional en defensa.
Paralelamente, entre el 26 y el 30 de abril se llevará a cabo el ejercicio “PASSEX”, que contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, unidades navales estadounidenses de gran porte. Ambas embarcaciones navegarán dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, junto a unidades de la Armada local, para tareas de adiestramiento y coordinación táctica.
La Casa Rosada ha justificado el uso del decreto de necesidad y urgencia (DNU), argumentando que la demora legislativa impedía concretar los ejercicios dentro de los plazos previstos originalmente. En el texto oficial, el Gobierno sostiene que la participación argentina en estas maniobras es fundamental para consolidar al país como un socio confiable en materia de seguridad regional.
Sin embargo, la decisión ha abierto una nueva controversia política, ya que la Constitución establece que el ingreso de tropas extranjeras debe contar con la autorización del Congreso. Sectores de la oposición han cuestionado que el Ejecutivo haya recurrido a un decreto para una atribución que históricamente ha pasado por el Parlamento, advirtiendo sobre un posible conflicto institucional.
Este giro también se produce en un contexto de acercamiento político entre la administración libertaria y la Casa Blanca. En los últimos meses, el Gobierno argentino ha reforzado su vínculo con Estados Unidos en áreas sensibles como defensa, energía, minerales estratégicos e inversiones. A medida que se intensifican estos lazos, la pregunta sobre el impacto en la soberanía nacional y el equilibrio de poder en la región se vuelve cada vez más pertinente.
La implicancia de estos ejercicios militares y la creciente colaboración con Estados Unidos no solo generan un debate interno sobre la legalidad y la necesidad de autorización legislativa, sino que también plantean interrogantes sobre el futuro de la política exterior argentina y su postura en el contexto geopolítico actual.