La jueza Karina Becerra ha implementado medidas severas ante la creciente ola de amenazas en las instituciones educativas de La Rioja. Hasta el momento, se han registrado 15 incidentes, lo que ha llevado al secuestro de dispositivos telefónicos para investigar el origen de estas intimidaciones. El objetivo es establecer una "ruta" de comunicación que permita determinar si los autores son menores o si hay vínculos con redes externas que fomentan estas conductas.
Las autoridades judiciales están comprometidas a no permitir la impunidad en estos casos, asegurando que cada situación será investigada a fondo. A través del análisis de los dispositivos, se espera rastrear los mensajes y comprender la verdadera naturaleza de las amenazas que han causado alarma en la comunidad. Becerra enfatizó la necesidad de un nuevo protocolo de actuación que coordine esfuerzos entre las escuelas y las fuerzas de seguridad.
Este protocolo busca desactivar cualquier foco de conflicto y establece pautas de actuación en respuesta a las amenazas. La intervención judicial también se centrará en el entorno familiar de los menores, realizando audiencias para establecer responsabilidades y pautas de conducta. Se evaluará el contexto social y la salud mental de los involucrados, lo que es crucial para determinar la responsabilidad de los padres ante las acciones de sus hijos.