La economía social en La Rioja atraviesa una crisis significativa debido a nuevas regulaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Estas normativas imponen plazos de entre 30 y 45 días para que las cooperativas regularicen su situación, lo que ha llevado a la suspensión de la matrícula de aquellas que no cumplan con los requisitos en el tiempo establecido.
Fernando Gómez, de la Mesa de Cooperativas de La Rioja, advirtió que a nivel nacional, el 90% de las cooperativas se ven afectadas, mientras que en la provincia, el 60% de las 160 registradas, es decir, 92 entidades, están suspendidas. Esta situación pone en riesgo su operatividad, impidiendo gestionar relaciones con proveedores, salvo para levantar la sanción.
Gómez cuestionó la falta de políticas de apoyo por parte del gobierno provincial, mencionando que la Ley Provincial 8.901 de Fomento de Cooperativas no ha sido reglamentada ni cuenta con presupuesto desde hace 16 años. Además, criticó las políticas del Ejecutivo nacional, describiéndolas como un "industricidio" que perjudica a las estructuras organizativas en favor de una economía extractivista.