El gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, firmaron un decreto que expulsa a dos miembros de la Policía de La Rioja involucrados en préstamos clandestinos. La medida responde a una investigación administrativa que evidenció la responsabilidad de un oficial principal de apellido Carrizo y un cabo de apellido Loyola.
Las pesquisas revelaron que ambos efectivos retenían tarjetas de débito y gestionaban claves de acceso a cajeros automáticos de varias personas. Además, hacían firmar pagarés sin montos o incompletos, lo que aseguraba el cobro de intereses usurarios. Las autoridades subrayaron que estas acciones son incompatibles con el estado policial y afectan la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad sobre la integridad de las instituciones. La decisión del Gobierno provincial busca restaurar la confianza pública y enfatiza la necesidad de mecanismos de control más efectivos para prevenir abusos en el futuro. La expulsión de Carrizo y Loyola es un paso hacia la construcción de un marco ético más sólido dentro de las fuerzas de seguridad.