El Juez Federal Jorge Chamia expresó su preocupación por el control del Servicio Penitenciario Provincial tras el caso de un interno condenado por abuso que se graduó de psicopedagogo mientras cumplía su condena. Este hecho ha generado un intenso debate sobre la formación de los reclusos y su supervisión.
Chamia advirtió que el sistema debería haber orientado la educación del condenado, Pereyra Fincatti, hacia áreas que no implicaran contacto con niños o personas vulnerables. El magistrado subrayó que las herramientas adquiridas en su formación son compatibles con los delitos que cometió, lo cual representa un riesgo potencial.
Aunque el derecho a la educación está protegido por la Ley 24.660, Chamia enfatizó la responsabilidad del Estado en el seguimiento de estos internos. Además, recordó que la causa se encuentra en la instancia de Casación, lo que significa que la sentencia aún no es definitiva. También destacó la imposibilidad de inhabilitar al interno para ejercer su profesión antes de obtener el título.
El Juez dejó entrever la posibilidad de revisar la actuación de las autoridades penitenciarias, cuestionando si se realizó la notificación adecuada a la familia de la víctima y a la querella, como lo requiere la normativa. "Es crucial evaluar si se omitió el seguimiento adecuado de las condiciones de ejecución de la pena", concluyó.