Los PLANES del presidente Alberto: Ley de Emergencia y Roberto Lavagna

Hay un dato clave de un momento crítico que puede repetirse pronto, 18 años después, aun cuando hoy las circunstancias sean diferentes o no tan diferentes de las que existían hace una década larga. Eso sí, no son ni parecidas al cuadro dramático de entonces.

 

Se trata, sin más vueltas, de una ley ómnibus en la que trabajan los equipos de Alberto Fernández, semejante a la de Emergencia Económica que, en enero de 2002 y a la caída de la convertibilidad, sancionó el Congreso y pobló de poderes excepcionales al gobierno de Eduardo Duhalde. Útil a los fines más diversos, el régimen fue prorrogado de año en año hasta enero de 2017, o sea, rigió durante 16 ejercicios consecutivos .

 

Bajo el paraguas de la Emergencia Pública podrían entrar aumentos de impuestos y rebajas de impuestos; ajustes fiscales; reformas financieras y cambiarias; pagos de la deuda y, al fin, todo aquello que habría necesitado la venia previa del Congreso. Por la misma puerta ingresaron, en tiempos de Duhalde, la pesificación de créditos y de tarifas; la desindexación de todas las operaciones; las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos; la doble indemnización por despidos y la posibilidad de regular el precio de los alimentos.

 

Fernández debe decidir si quiere tirar de esa cuerda y cuánto, pero llegado el punto será imprescindible contar con la oposición. Cosa de acuerdos, Cambiemos maneja la primera minoría en la Cámara de Diputados.

 

Gente cercana al presidente electo, si no el propio presidente electo, ya habría sondeado en la Corte Suprema el plafón que tendría una ley así. Sondeado quiere decir un juez importante del tribunal y del ala peronista.

 

También de la cocina interna es el peso que se le dará al Consejo Económico y Social, que intervendría en decisiones de política económica y controlaría su cumplimiento. La idea de arranque pasa por un acuerdo de precios y salarios, con una pauta común asociada al objetivo de achicar la inflación: el 35%. Se analiza un plus para los sueldos rezagados.

 

Habría eso y bastante más que eso, según cuentan fuentes privadas. Ya pintan a platos fuertes del menú un aumento del mínimo no imponible de Ganancias y una rebaja de los aportes patronales al sistema previsional.

 

Habría, entonces, una frutilla para la dirigencia sindical y otra para las centrales empresarias y ambas, a cargo del Estado nacional y de los estados provinciales. Junto a otras, las dos serían instrumentadas al amparo de la ley ómnibus.

 

Luce cantado que no hay acuerdo de precios y salarios posible con una indexación extendida a toda la economía, que corre a la velocidad del proceso inflacionario y se proyecta a contratos cada vez más cortos. De eso también se ocupará la ley de emergencia.

 

Queda por verse qué será de la indexación vigente para jubilaciones, pensiones y planes sociales como la asignación por hijos. Es un combo que involucra al 60% del gasto público. ¿Vendrá con reforma previsional?

 

La ventaja digamos potente del Consejo salta en la posibilidad, acariciada desde varios sectores, de colocar al frente del emprendimiento a Roberto Lavagna. Funcionaría igual a un sello de garantía y sería una alternativa al Ministerio de Economía, un cargo del que Lavagna no quiere ni hablar.

 

En el entorno de Alberto F. no aparece, en cambio, la intención de armar un verdadero programa económico que avance en decisiones simultáneas y articuladas. Por ahora el presidente electo prefiere la variante de ir de plan en plan, según las prioridades que se fijen para cada momento. Algo parecido a un paso a paso, o a “un rompecabezas”, según quienes aconsejan un programa completo.

 

Desde este lugar algunos analistas plantean: “Eso sería lo mejor, y entre lo mejor poner el foco en desarmar el enredo inflacionario, que hace rato es la madre de todos los desajustes de la economía”.

 

Traen a cuento, en este punto, al plan Remes Lenicov de 2002, que colocó el objetivo en la salida de la convertibilidad, que fue continuado por Lavagna y contribuyó al fin a dejarle el terreno allanado a Néstor Kirchner. Claro que entonces hubo un equipo de 15 especialistas y otro grande de abogados, que venían años trabajando juntos desde cuando advirtieron que la convertibilidad se iba transformando en una encerrona sin salida.

 

En tren de opciones, una más. Al interior del espacio de Fernández algunos juegan con paquete de medidas pro-consumo que podría ser sintetizado en la frase “meter plata en el bolsillo de la gente y, sobre todo, en el bolsillo de la gente de menores recursos”.

 

Entran aquí las organizaciones sociales y, de lleno, el papel del Estado, alimentado entre otras fuentes por la vuelta de los llamados adelantos transitorios del Banco Central. Una masa de recursos que, sólo para citar un ejemplo, significó US$ 4.800 millones en 2009. El riesgo se llama emisión monetaria, un problema que muchos kirchneristas no consideran un problema. Se verá qué piensa Alberto F. o qué dice Lavagna, si le tocara decir algo.

 

Finalmente, la deuda, el rol del Fondo Monetario y la palabra de Estados Unidos. Por boca de Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de EE.UU., Donald Trump ya ha mandado un mensaje que es, de hecho, un mensaje político apuntado hacia varias direcciones: “cumplir con los compromisos” que la Argentina ha asumido ante el FMI.

 

Del stand-by aún vigente están pendientes tres desembolsos: uno de US$ 5.400 millones y otro de US$ 900 millones previstos para este año, más US$ 5.000 millones durante 2020.

 

También ahí debe decidir Fernández. Esto es: si va primero por un arreglo con los acreedores privados y deja en lista de espera al FMI, como le recomiendan cerca suyo, o si acepta una negociación con el FMI, así sea en simultáneo aunque, claro está, con todos los condicionamientos incorporados. Debe decidir entre guatemala y guatepeor, sin saber bien cuál de las dos es la menos mala ni si realmente existen las dos.

 

¿Y de qué hablamos cuando hablamos de los vencimientos de la deuda?

 

Si hablamos de los vencimientos en dólares con los bonistas, hablamos de 1.800 millones entre noviembre y diciembre y de 9.200 millones en los cinco primeros meses de 2020. Total: 11.000 millones a corto plazo.

 

Nadie quiere el tormento de la cesación de pagos ni caer en un nuevo, costosísimo default. Quizás allí se entienda por qué Guido Sandleris, el jefe del BCRA, decidió preservar las reservas a todo trance y aplicar un súper cepo a la venta de dólares de la entidad.

 

Quienes lo han visto últimamente afirman que Alberto F. prefiere no apurarse, pisar la pelota hasta contar con un panorama completo y medir cada movimiento. Dicen también que “el tiempo lo corre, que camina por un desfiladero estrecho y que se lo nota muy preocupado”. Se mire por donde se mire, motivos no le faltan.

 

 

 

Fuente: https://www.clarin.com/opinion/planes-alberto-fernandez-35–precios-salarios–ley-emergencia-roberto-lavagna_0_isu5nseH.html

 

 

 



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