Los sindicalistas Pedraza y Fernández seguirán presos por el crimen de Mariano Ferreyra

Los dos principales dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, seguirán detenidos, acusados por el crimen de Mariano Ferreyra, luego de que la jueza Susana Wilma López denegara esta noche su excarcelación.

La jueza consideró que ambos, acusados de instigar el asesinato, podrían fugarse o entorpecer las investigaciones en desarrollo en función de la “gravedad” del hecho, según refirió el abogado de los gremialistas ferroviarios, Carlos Forment, tras recibir la notificación.

La jueza también denegó la excarcelación del delegado Gustavo Arcorcel, quien fue identificado en los videos como parte de la patota que baleó a Ferreyra y a otros tres manifestantes en las calles del barrio porteño de Barracas, a metros de las vías del ferrocarril Roca, próximo al Riachuelo, el pasado 20 de octubre.

La jueza tiene ahora un plazo de diez días hábiles a partir de la indagatoria, el martes pasado, para definir si los procesa o no, y en qué condiciones, es decir con o sin prisión preventiva.

Entre los argumentos esgrimidos por la jueza para denegar la liberación figuró también uno aportado por el fiscal Fernando Fiszer, quien dictaminó en contra de la liberación de Pedraza y Fernández, aduciendo la “gravedad institucional” de la agresión y que “perturba la seguridad de todos”.

La jueza además argumentó para tomar su decisión que cinco testigos de la causa están amenazados luego de identificar a los miembros de la patota, y que incluso la ex fiscal que condujo la investigación en su primer tramo, Cristina Caamaño, sufrió amenazas telefónicas en su domicilio.

Camaño es ahora viceministra de Seguridad, en la cartera que encabeza Nilda garré, pero como fiscal llegó a pedir la indagatoria de Pedraza y Fernández, basándose en relatos de testigos que indicaron que el segundo del gremio ordenó telefónicamente al jefe de los agresores, el delegado Pablo Díaz, que abandonaran el lugar.

Al declarar en octubre como testigo, Pedraza dijo que se enteró del crimen por televisión pero admitió que estaba con Fernández en el local de la Unión Ferroviaria, en el barrio porteño de San Cristobal.

El delegado Alcorcel fue denunciado tras el crimen por amenazar a sus compañeros de trabajo en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, para que acusaran a los agresores, en su mayoría empleados en esos talleres.



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