Así sobreviven los 33 mineros

Los trabajadores de la mina de San José en Copiapó conviven hace 21 días en un refugio a 30 metros cuadrados. En tanto, una de las familias presentó una acción contra el organismo público que controla la actividad del sector y los dueños de la mina. 

 

 

 

En tanto, trabajadores mineros reclaman al gobierno de Sebastián Piñera integrar la comisión de expertos que analiza temas de seguridad laboral, tras el derrumbe, informó hoy la Federación Minera de Chile.

 

“El gobierno nombró una comisión de expertos para analizar cómo debe encararse la seguridad en los yacimientos, en la que no está la visión de los trabajadores sino pura gente relacionada con las empresas” explotadoras de cobre, dijo a Télam Agustín Latorre, vocero de la Federación.

 

Latorre afirmó que “los trabajadores no tenemos mucha confianza porque la experiencia nos demuestra que siempre se trata de minimizar las responsabilidades de los empresarios” mineros.

 

En tanto, familiares de los 33 obreros chilenos atrapados en la mina San José, en Copiapó, distante unos 800 kilómetros de Santiago, “entablaron demandas legales contra el Estado y las empresas por fallas en los controles de seguridad”, indicó Latorre.

 

Las querellas son contra el Servicio Nacional de Geología y Minería-Sernageomin y de la empresa dueña del yacimiento de oro y cobre, en tanto “la cámara de Diputados creó una comisión para investigar las distintas responsabilidades respecto al derrumbe de la mina, y eso está en desarrollo”, contó el gremialista.

 

Latorre enfatizó que “esto que ocurrió no hizo más que reafirmar las denuncias que hicieron los trabajadores acerca de las condiciones de trabajo, por las que todos los meses muere un trabajador minero y que acumulan 240 muertos en diez años” concentrados en la región de Antofagasta. “En Chile muere un trabajador al día por accidentes laborales, pero como son obreros, no cuentan en la prensa”, señaló.

 

Latorre dijo que “no se toma en cuenta la opinión de los trabajadores porque este gobierno manifestado desde el principio la intención de eludir la vinculación con organizaciones sindicales, relacionándose sólo cuando es imposible desligarse, pero sin allanarse con temas salariales o de condiciones de trabajo”.

 

La Federación Minera propone “la reestructuración del Sernageonmin, garante de la seguridad minera, no sólo incorporando más gente sino cambiando el enfoque, ya que al imperar hoy un modelo neoliberal que maximiza el beneficio para las empresas reduciendo costos en seguridad, se achican al máximo las instituciones del Estado que tienen que controlar”.

 

Según Latorre, “esa comisión debe estar integrada por los cuatro grupos de la minería, que ocupan unos cien mil trabajadores: estatal, privada, pequeña minería y subcontratistas, que es la mayoritaria y que se encuentra en una dramática situación de indefensión”.

 

Con la mayor fiscalización impuesta tras el incidente, el 5 de agosto, “se cerraron varias minas y comenzaron cesantías”, alertó Latorre.

 

“No queremos que se cierren las minas sino que, dadas las grandes utilidades que obtienen con el precio internacional del cobre, inviertan en seguridad; si ellos prefieren cerrar las minas, que el Estado se haga cargo a través de Codelco o creando cooperativas”, concluyó.

 

Una demanda fue presentada por 20 familias contra Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de la minera San Esteban, a cargo de la explotación del yacimiento San José.

 

Otra, fue interpuesta por Remberto Valdés, abogado de la familia del minero Raúl Bustos, que apunta contra la empresa por “lesiones” y contra el Sernageomin por el delito de “prevaricato”.

 

Valdés afirmó que en 2008 los funcionarios de ese organismo estatal “dictaron una resolución injusta que significó la reapertura de la mina”.

 

Fuentes gubernamentales afirmaron que el rescate de los mineros demandará unos 10 millones de dólares.

 

La entidad sanjuanina Cumbre Sol de Oro, que reúne especialistas universitarios, técnicos, gendarmes y policías en rescate en estructuras colapsadas, preparó sus efectivos para asistir al país vecino, informó a Télam la Cámara Minera de San Juan.

 

Aunque hasta ahora el gasto fue asumido por las autoridades y privados, el gobierno chileno señaló que la empresa San Esteban, dueña de la mina San José, deberá asumir el costo final de la operación de rescate, aunque la firma dijo no contar con los recursos.

 

En Chile, los empleados públicos cumplieron una jornada de paro que abrió otro frente de tensión a Piñera, que soporta una huelga de hambre de presos mapuches y el operativo de rescate de mineros atrapados bajo tierra en el norte del país.



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